En el verano de 2013 la Audiencia confirmaba la sentencia que impedía el propósito municipal, que ahora vuelve a plantearse por otro conducto jurídico con un procedimiento de desahucio por precario. Antonia Fajardo vuelve a oponerse y reitera que no tienen contrato de arrendamiento porque no pagar el alquiler y otros gastos eran los emolumentos por la labor que llevaban a cabo desde 1998 en el jardín que rodea a la Casa Beltrí en Los Dolores. La mujer, quien ha pedido una cita con el alcalde, se observa en la fotografía junto al abogado Alfonso Alajarín, quien defiende sus derechos en este proceso.
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El juzgado contencioso-administrativo fue el que hace tres acogió el anterior procedimiento por este asunto, que después tuvo una confirmación del fallo judicial tras el recurso municipal ante la sección quinta de la Audiencia Provincial. Ahora hay variaciones con respecto a entonces. Por un lado, el esposo (por un asunto ajeno a este tema) ya no reside en el domicilio familiar y la demanda se interpone contra la madre y dos de sus cuatro hijos, en concreto, los mayores de edad. El proceso ahora está en el juzgado de Primera Instancia. 
Antonia Fajardo cuenta en este asunto con Alfonso Alajarín (en la foto) como abogado de oficio, quien se opone a la demanda del ayuntamiento de Cartagena de plano. “Esta familia trabajan en el Huerto de las Bolas desde 1998, como reflejan las sentencias anteriores, al igual que también dejan clara la labor que han desarrollado, algo que también reconocieron tanto el Ayuntamiento en su anterior demanda como el informe de entonces de la Policía Local”, indica, remarcando que no están “como inquilinos, sino como guardeses. Es decir, no es un caso de ‘okupas’, pues esta familia tiene las llaves del lugar y viven allí porque en su día los ingresos por su trabajo eran la vivienda y no pagar gastos como el agua o la luz”.
La parte demandada pide al juzgado que se inhiba en este procedimiento y que lo traslade a la jurisdicción de Lo Social, “pues sólo con una extinción del ‘contrato laboral’, con la correspondiente indemnización, quedaría extinguida esa relación”, indica Alfonso Alajarín, quien remarca que en este caso “no pueden dejar en la calle con una mano delante y otra detrás a una familia, en la que, además, sus hijos están escolarizados en centros docentes de la zona”.
De forma paralela, Antonia Fajardo se ha dirigido por escrito al Ayuntamiento, “pues pide una reunión con el alcalde, José López, pero todavía no la han respondido. Antes la actuación la llevó a cabo el gobierno del PP y ahora lo hace un nuevo gobierno que proclama que mira tanto por los cartageneros, lo que le extraña”, añade.